Publicado: 03 Jun 2009 12:17 amTítulo del mensaje: psoe chaves corrupcion andalucia zp paula
Chaves vulneró la ley según el criterio que fijó el fiscal
Al archivar la denuncia contra Leonardo Chaves, el Ministerio Público estableció 4 «elementos necesarios» para la incompatibilidad
El presidente de la Junta cumplía los cuatro cuando dio las ayudas a la empresa de su hija
J. CARO ROMERO / Sevilla
No sólo un informe elaborado por la Junta de Andalucía, sino también un escrito de la Fiscalía del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ayudan a concluir queManuel Chaves vulneró la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos al aprobar y firmar una subvención millonaria a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que figura como apoderada su hija Paula.
Se trata del decreto de archivo que dictó el 30 de octubre de 2006 la Fiscalía del TSJA para dar carpetazo a una denuncia del colectivo de funcionarios Manos Limpias contra Leonardo Chaves, hermano del ex presidente de la Junta. El texto coincide, básicamente, con los argumentos expuestos en el informe que la Inspección de la Junta elaboró en 2006 sobre este mismo caso. Sigue en página 4
Según ha podido saber Libertad Digital, el ex alcalde de Almonaster la Real, Francisco García Ruiz, "Pirri", tiene varios familiares en Minas de Aguas Teñidas, apoderada por la hija de Chaves y subvencionada por la Junta. También tiene familia en el Ayuntamiento y empresas públicas de la Junta. »
El PP Andaluz anunció hoy que llevará "con prioridad" al próximo pleno del Parlamento andaluz, la aprobación de una comisión de investigación sobre la concesión de un incentivo de 10 millones a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabaja la hija del ex presidente de la Junta y actual vicepresidente, Manuel Chaves.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, consideró que el PSOE-A está "obligado" a aceptar esta comisión después del "escándalo nacional" que ha producido la sospecha sobre la comisión de "presuntas irregularidades y actos delictivas", apuntando a una "posible prevaricación, nepotismo, tráfico de influencias o incumplimiento de la Ley de Incompatibiliddes".
Además, insistió en las "graves" actuaciones de Chaves, ante las que el PSOE-A "no tiene excusas" para impedirles que se forme la comisión. "Si no hay nada que ocultar y mantiene las manos limpias, no tendrá problemas en aceptar la comisión", aclaró Sanz.
Del mismo modo, el dirigente popular consideró un "abuso intolerable" que el Parlamento se convierta en un "muro infranqueable que todo quiere tapar y no deja investigar nada". Así, lamentó que la institución regional cuente con un "récord" de alrededor de 70 comisiones solicitadas y no autorizadas por el Grupo Parlamenario Socialista. "El PSOE-A está haciendo daño a Andalucía al impedir que se investigue este escándalo nacional y lo único que puede salvar su imagen ya es que se llegue al final del asunto", advirtió Sanz.
El secretario general del PP-A se mostró convencido de que el PSOE-A descubrió en su momento o es consciente de que existen "graves irregularidades en el asunto y que huele mal", pero que prefieren "ocultarlo antes de asumir su responsabilidad". "Es necesario que se produzca una depuración de responsabilidades y estoy seguro de que Chaves acabará dimitiendo por este asunto, con o sin comisión de investigación", concluyó.
En una confusa pregunta del diputado popular Juan José Matarí Sáez que en principio debería ser sobre la "igualdad en política territorial" pero acabó siendo sobre el asunto de las subvenciones a Matsa, Chaves utilizó en su defensa un argumento inesperado: el "derecho a trabajar" de su hija.
Grano a grano, garbanzo a garbanzo crece el puchero de los Chaves. Libertad Digital desvela que el trato de favor del ex presidente andaluz a su familia no se ciñe sólo al caso de su hija.
L D (Pedro de Tena) Que Antonio José Chaves, el mayor de la familia, consiguió un trato privilegiado de la Junta donde su hermano era quien concedía las obras en las que él y su empresa participaban, tenía poca discusión hasta que el presidente Chaves, otro hermano, decidió defender la teoría de que su hermano no era nadie en la empresa Climocubiertas, SA aunque su ventas se disparasen desde que Antonio J. Chaves fue su representante.
El problema para esta línea de defensa es que se han disparado tres obuses contra su línea de flotación que vienen a demostrar que seguía siendo apoderado cuando tuvieron lugar las concesiones y que si no era apoderado, en todo caso era alto cargo de la empresa, director de marketing. De ese modo, los Chaves incumplieron la Ley de Incompatibilidades y el gobierno de Manuel Chaves mintió en el Parlamento.
Recordarán que este fue el argumento del fiscal del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía. Si no había cargo, no había caso.
Primer obús
El primer obús fue el documento reproducido por Libertad Digital hace un año que demostraba que Antonio José Chaves era el director de Márketing de la empresa Climocubiertas en la época en que ocurrieron los hechos. Es decir, fuese apoderado o no, lo cierto es que era director de Márketing y por tanto alto cargo o directivo, aspecto que negó Gaspar Zarrías, en nombre del gobierno de Chaves, en sede parlamentaria.
Este es el fragmento clave del discurso de Zarrías sobre el caso del hermano de Chaves en el Parlamento andaluz, día 13 de septiembre de 2006. Está en el Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía:
Pero lo que dijo no fue verdad porque Antonio José Chaves era director de Márketing de Climo Cubiertas en 2004, 2005 y 2006 y en calidad de tal aparece relacionado en Agesport, Asociación de Gestores Deportivos de Andalucía. Es más, es que fue en calidad de director de Márketing de ClimoCubierta SA como pudo acceder a los cargos directivos de Agesport. Estas son las pruebas:
Para que lo vean mejor, ampliamos:
Segundo obús
El fax remitido por el Ayuntamiento murciano de Ceutí en el que le comunicaba a Antonio José Chaves la confirmación de la concesión de una obra a favor de Climo Cubierta, 13 meses después de vender sus acciones y cuando sólo era un simple asesor externo. Es decir, en realidad, Antonio José seguía siendo apoderado y nunca dejó de serlo.
Tercer obús
El Mundo aporta hoy el auto judicial de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla sobre el citado caso, auto que advierte a los hermanos Chaves que podían haber incumplido la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración andaluza, aunque no entra en el fondo de este asunto porque los magistrados estaban analizando la querella por injurias y calumnias interpuesta por Antonio José Chaves contra El Mundo por las informaciones sobre el caso Climo Cubierta. El auto, del 12 de noviembre de 2008, ordena archivar de forma definitiva la querella.
Una de las claves de ese archivo fue la propia confesión judicial del hermano mayor del vicepresidente tercero del Gobierno, Antonio José, en la que viene a reconocer que el desapoderamiento que firmó 11 días antes del nombramiento de su hermano Leonardo como alto cargo de la Junta en mayo de 2004 fue simulado, porque los "servicios" que prestó en Climo Cubierta "antes y después" fueron siempre "idénticos".
La consecuencia directa es: Ya que hay cargos, hay caso. Y después, espera el caso Paula Chaves, muy parecido en las formas y en el fondo.
El PSOE, una vez más y ya van 101, se niega a la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, pedida por la totalidad de la oposición, para investigar el caso de Paula Chaves.
Las pruebas con cada día más contundentes. Está el padre, está la hija, ambos en ejercicio de funciones, uno públicas, la otra privadas. Está la Ley de Incompatibilidades. Por si fuera poco, está la prueba de que fue Paula Chaves la que intervino en la tramitación de la subvención. Están las visitas de Manuel Chaves a la mina. Están las subvenciones. Está todo o casi todo. Pero el PSOE, una vez más, se niega a la constitución de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz, pedida por la totalidad de la oposición, sobre el caso de Paula Chaves como ha hecho casi en 70 ocasiones anteriores. Un escándalo democrático de proporciones inasumibles
el escandalo es la informacion manipulada que pegas en este foro.
resulta que el PP le pone una querella a Chaves y luego la retira.... ?¿?¿?¿
masmarrasho ya que pegas cosas, no mientas y manipules.... pepon.
El PP retira la querella que presentó el lunes contra Chaves
Arenas negó durante dos horas haber llevado al vicepresidente al Supremo
ISABEL PEDROTE - Sevilla - 26/06/2009
El PP ha sido protagonista de una maniobra política desconcertante. Ayer se supo que el partido había presentado el pasado lunes una querella ante el Tribunal Supremo contra el vicepresidente tercero del Gobierno y presidente federal del PSOE, Manuel Chaves, por prevaricación y tráfico de influencias, a raíz de la concesión, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, de una subvención a una empresa en la que trabaja su hija Paula. La querella estaba registrada a nombre del PP andaluz, pero éste, al conocer la noticia, lo negó tajantemente. Finalmente, la sede central del partido en Madrid envió un comunicado para anunciar su retirada.
El partido prepara un contencioso por vulnerar la Ley de Incompatibilidades
Todo ocurrió en pocas horas. El Parlamento andaluz debatía ayer la creación de una comisión de investigación -que fue rechazada por la mayoría socialista- sobre la subvención de 10 millones de euros a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde la hija del ex presidente andaluz, Paula Chaves Iborra, trabaja como letrada. El PP andaluz y su líder, Javier Arenas, han hecho de este asunto el principal tema político de la comunidad, y no hay sesión de la Cámara autónoma o del Congreso de los Diputados en la que no se saque el tema. Pero hasta ahora, los canales elegidos habían sido los políticos y administrativos.
De hecho, apenas un par de horas antes de que saltara la noticia, fuentes del entorno de Arenas habían asegurado que prácticamente descartaban ir contra Chaves por la vía penal: primero, porque esta iniciativa tiene pocos visos de prosperar; y segundo, porque, dijeron, no hay "ningún interés en verle en los tribunales". El PP andaluz trabaja en estos momentos en la línea de un recurso contencioso-administrativo por una supuesta violación de la Ley Incompatibilidades de Altos Cargos de Andalucía por parte de Chaves.
En un primer momento, los servicios de prensa de Arenas desmintieron la noticia de la querella, para después convocar una reunión de la cúpula de la organización en Andalucía, con la promesa de una explicación. Horas más tarde, la explicación se remitió a Génova, que oficializó la marcha atrás en un comunicado sobre las ocho de la tarde, con el argumento de que "había obtenido nuevos datos" y quería ampliar la documentación.
Arenas se fue del Parlamento andaluz sin decir nada más ni aclarar si la denuncia se había interpuesto a sus espaldas.
La querella lleva la firma del procurador José Luis Recuero y del abogado Juan Ramón Montero Estévez, representantes habituales del PP ante la jurisdicción penal, informa Julio M. Lázaro. Montero actúa siempre a las órdenes de Federico Trillo, responsable de Justicia en el PP.
Tras el espectáculo protagonizado por Génova y el PP-A, Arenas ha confirmado que su formación llevará a los tribunales el caso "Matsa", que afecta a Manuel Chaves. En opinión del líder de los populares andaluces, "las políticas se ven en el Parlamento" pero "es imposible porque el PSOE se niega".
¿Jueces a la medida de la derecha popular? Los que elogian a Fabra y respaldan a Bárcenas y Camps, van ahora a por Chaves
Hace pocos días, hemos sabido que el magistrado Francisco Monterde, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, instruirá el sumario relativo a Luis Bárcenas, el celebérrimo tesorero del PP, experto, al parecer, en multiplicar sus ingresos a un ritmo tan frenético como inverosímil. Aupado por la derecha judicial -manejada por Federico Trillo-, primero al Consejo General del Poder Judicial y más tarde al Supremo, Monterde aboga por la cadena perpetua. En agosto de 2004, defendió al ultraconservador fiscal Eduardo Fungairiño, un defensor del general Pinochet, después de que éste se mofara en la Comisión de Investigación Parlamentaria del 11-M de los diputados que le habían interrogado. Monterde, en la actualidad, forma parte del grupo de magistrados de la Sala Segunda, que podrían algunos de ellos, y sin exageración alguna, ser calificados como nostálgicos del franquismo. En definitiva, se trata de esos magistrados que van –según todos los síntomas- a por el juez Garzón.
¿Es un juez a la medida de Génova 13?
Hemos sabido también que el juez Jacobo Pin, recién acabada su carrera y sin apenas experiencia profesional, ha sido nombrado, a petición suya, titular del Juzgado número 1 de la localidad de Nules, vecina de Castellón. El Juzgado de Nules se ha hecho, por desgracia, famoso debido a que en los últimos cinco años han pasado por ahí nueve jueces que decidieron salir zumbando antes de enfrentarse hasta el final a la instrucción de la causa contra Carlos Fabra, el más poderoso cacique de la Comunidad Valenciana. Este episodio –el de la fuga de las togas por supuesto miedo a Fabra- resulta oprobioso para la dignidad de la justicia. Sin embargo, el asunto no ha sido inspeccionado -con la atención y trasparencia exigibles ante semejante escándalo- por el CGPJ.
El hijo de Emilio
¿Quién es Pin? Es hijo del influyente Emilio -conocido abogado castellonense-, militante de Alianza Popular/PP, candidato por Castellón en las primeras elecciones democráticas de 1977, y obviamente compañero y amigo de fatigas políticas de Carlos Fabra. Esta derecha popular no guarda ni las formas. Ha olvidado el aforismo de la antigua Roma sobre la mujer del César, según el cual no sólo tenía que ser honrada, sino parecerlo. ¿Resulta que a un tipo como Fabra le han puesto un juez a su medida con el fin de que el sumario termine cerrándose con las menores consecuencias negativas para quien ocupa el cargo de presidente de la Diputación de Castellón? Eso, exactamente eso, piensa ahora mismo muchísima gente. Cuando Mariano Rajoy –avalado por Fabra en su afán de seguir siendo el líder del PP- dijo aquello de que el presidente de la Diputación castellonense era “un ciudadano y un político ejemplar” no se le cayó la cara de vergüenza. ¿Le queda todavía un mínimo rubor al moderado jefe de la derecha española?
Tras vacilaciones y contradicciones
Javier Arenas, el hombre fuerte del PP andaluz -desde los años de María Castaña- ha anunciado que, tras vacilaciones y contradicciones, los populares presentarán denuncias judiciales contra Manuel Chaves, ex presidente de la Junta de Andalucía, presidente del PSOE y vicepresidente tercero del Gobierno Zapatero. “Estamos asistiendo en las últimas semanas a una cacería tan injusta como abyecta contra (...) Manuel Chaves, una persona de bien y un político honesto, probo e íntegro como ningún otro”, ha escrito en El Plural el periodista Miguel Ángel Vázquez, diputado andaluz y secretario de Comunicación del PSOE-A. He seguido atentamente el desarrollo de este affaire desde que lo apadrinó el inefable Pedro J. Ramírez. Pues bien, recientemente, coincidí en la capital hispalense con un veterano colega almeriense, amigo desde hace algunos años, un liberal conservador templado, lúcido y en absoluto fanático. Acababa de hablar él con un ilustre jurisconsulto sevillano que, por razones profesionales y políticas, había examinado con lupa el dossier del caso Matsa. “Nada, nada, nada pudo hallar este abogado que menoscabara la integridad de Manuel Chaves y de su hija Paula”, me transmitió con rotundidad ese periodista almeriense.
Política de cloaca
¿Pero cómo es posible que todos aquellos que, como Rajoy y Arenas, vienen respaldando a Bárcenas se erijan ahora en acusadores de Chaves, al que no se le podido hallar ni una sola sombra de sospecha en todo el expediente del caso Matsa? La política de cloaca es propia de esta derecha que protege a personajes al estilo de Fabra. Esta derecha no quiso enterarse de la trama pestilente de Francisco Correa y Álvaro Pérez, el íntimo amigo/te quiero un huevo de Francisco Campos y otros nombres muy significativos. Arenas los conoció de cerca siendo secretario general del PP en los tiempos de José María Aznar. A Arenas entonces no se le ocurrió llevarlos a los tribunales. ¿Preferían jugar juntos al padel?
El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha retado al Partido Popular a querellarse contra él "cuanto antes" ante el Tribunal Supremo, por el caso de la subvención de diez millones y medio de euros de la Junta a Andalucía a la empresa Matsa (Minas de Aguas Teñidas Sociedad Anónima), empresa de la que su hija Paula era apoderada y asesora jurídica.
Manuel Chaves, que en varias sesiones de control en el Parlamento ha tenido que hacer frente a las preguntas de diputados del PP sobre las circunstancias de esas subvenciones, cuando el actual vicepresidente era presidente de la Junta de Andalucía, aunque cree que los dirigentes populares pretenden "manipular" al Tribunal Supremo, les ha animado a presentar la correspondiente querella contra él, lamentando "que los dirigentes populares se introduzcan en la política andaluza con tanto odio y tantos deseos de venganza".
El vicepresidente, en una complicada posición política, ya que hasta la Junta de Andalucía se ha negado a abrir una comisión de investigación sobre el caso, sólo ha aclarado que él desconocía que su hija gestionaba las subvenciones. "Yo sólo sabía que trabajaba en el departamento jurídico de una empresa privada. El resto son cuentos, manipulaciones y mentiras (...) Si gano ante los Tribunales habría muchas cosas que reparar por las ofensas que se han proferido contra mí".
El reto lanzado por Chaves, en pleno 'escándalo Gürtel', pone al Partido Popular en una difícil situación, sobre todo después del vodevil que se desarrolló en las sedes del PP en Madrid y Sevilla el pasado jueves 25 de junio, cuando se confirmaba que en el registro del Tribunal Supremo había tenido entrada una querella contra el vicepresidente tercero del Gobierno Manuel Chaves por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la polémica subvención de la Junta andaluza a la empresa donde su hija ocupa el puesto de asesora jurídica y apoderada.
En un auténtico vodevil, mientras se intentaba averiguar de donde había partido la iniciativa, en un ambiente donde todos se echaban la culpa, y frente a la indignación de Arenas y el desconcierto de Antonio Sanz, horas después se retiraba la querella con el argumento de que pretendían ampliar la documentación y formularla en todos sus extremos, tras recibir una copia del expediente oficial de la citada subvención.
Según el PP, cuando se tuviesen todos los datos y se consiguiese la documentación completa, la querella se volvería a presentar, pero cuatro días más tarde no hay ningún dato que indique que la querella vaya a tener entrada, de nuevo, en el registro del Tribunal Supremo.
¿Con quién habló Javier Arenas ese jueves para ordenar la retirada de la querella? ¿Hubo alguien del Gobierno que se puso en contactos con el vicesecretario general del Partido Popular, el más claro defensor del tesorero nacional Luis Bárcenas? ¿Es posible que en un tema tan importante se haya producido tanta descoordinación en la dirección del partido y que, al final, las responsabilidades las haya tenido que asumir el abogado del partido, que, al fin y al cabo, es un profesional contratado que recibe órdenes? ¿Desde cuándo se retira una querella porque se esperan nuevos documentos importantes para el caso? ¿No es más lógico que, una vez presentada la querella, en vez de retirarla, se mantenga y, posteriormente, se aporten los nuevos documentos y pruebas que se vayan consiguiendo? ¿Por qué, hasta ahora, no se ha producido una reacción al reto planteado por Chaves? ¿Seguirá el PP adelante con la querella o se limitará a ganar tiempo hasta que se olvide el vodevil?
El caso "Astapa" de Estepona sigue revelando datos sobre las contrataciones a dedo del PSOE. De hecho, hasta 30 afiliaciones al partido pudieron ser canjeadas por un puesto de trabajo en el Consistorio. El objetivo era controlar la asamblea local de los socialistas.
El "caso Astapa" desvela contrataciones "a dedo" para controlar el PSOE local por parte del ex alcalde socialista, Antonio Barrientos y sus secuaces. En el sumario, cuyo secreto hace unos días que se levantó, aparecen contrataciones efectuadas con el fin de controlar la asamblea local de los socialitas que, como debe saberse, es la que elige al secretario general de la localidad y, naturalmente, influye en la designación de la candidatura a la alcaldía.
Las investigaciones de la Policía recogen una conversación telefónica mantenida entre el entonces jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, y su primo Juan Simón, ambos imputados en la causa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, aunque a Flores se le añade también el de malversación. En esta conversación, hablan de la necesidad de contratar a dedo a varias decenas de personas para controlar la asamblea. Es la apoteosis del "dedismo socialista".
