Nuevo capítulo del caso Mercasevilla. El PP ha presentado unas grabaciones -en manos de la Justicia- que demostrarían, a su juicio, que el PSOE se financia ilegalmente mediante subvenciones de la Junta de Andalucía. Sin embargo, denuncia Pons, la Fiscalía no actuó y no ha habido detenciones.
La versión del vicepresidente del Gobierno y ex presidente de la Junta no coincide totalmente con la verdad. No fue la Junta andaluza quien denunció el caso, sino un grupo de empresarios.
Manuel Chaves dijo ayer martes que fue la Junta quien denunció los hechos corruptos demostrados en las grabaciones efectuados por los empresarios del grupo La Raza a la Fiscalía en Sevilla, pero, en realidad, fueron los empresarios los que denunciaron los hechos a la Junta, concretamente a un miembro del equipo de Zarrías y del propio presidente Chaves, Juan Gallo, quien, ante la envergadura del escándalo, optó por comunicarlo a Zarrías que lo comunicó a su vez a Chaves.
Enterados del escándalo, optaron por pilotarlo. En primer lugar, comunicaron los hechos al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de quien depende la Fundación de Mercasevilla y Mercasevilla misma para ver si podía evitarse el escándalo y luego, casi diez días más tarde, convencidos de la inutilidad de los esfuerzos para parar el "bombazo", acudieron a la Fiscalía de Sevilla en vez de a un Juzgado de Guardia, como sería lo ordinario y razonable.
Contaba Diario de Sevilla el pasado uno de abril de 2009, que "el Ayuntamiento de Sevilla admitió ayer en un comunicado que conocía los hechos desde el pasado 4 de febrero, cuando fue informado por la Junta de supuestos comentarios y conversaciones realizadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, en ese momento, director general y director adjunto, respectivamente, de Mercasevilla".
El Consistorio hispalense decidió suspender el consejo de administración que se iba a celebrar el 6 de febrero para aclarar los hechos. Una semana después, el 13 de febrero, la Junta trasladó al Ayuntamiento que tenía "la certeza de que se han producido dichos comentarios" gracias a una grabación realizada por los afectados, que fue incluida en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada ese mismo día por la Consejería de Empleo.
Es decir, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías ocultaron a la Fiscalía y a la Justicia al menos durante 9 días los hechos gravísimos denunciados a personas de la Junta por los empresarios desde mucho antes y sólo ante la existencia de las grabaciones es cuando, comprendiendo la inevitabilidad del escándalo, acudieron a la Fiscalía.
Falsearon los motivos de la dimisión de Mellet y uno de los dos implicados, Ponce, aún no ha dimitido ni ha sido destituido
El Ayuntamiento no aclaró las razones por las que ocultó la situación de los dos directivos. Ambos eran militantes de la Agrupación Macarena del PSOE (dejaron de serlo dos meses después de conocidos los hechos) convulsionada por el escándalo de las facturas falsas. Precisamente, Fernando Mellet y Daniel Ponce entraron en Mercasevilla en la etapa de José Antonio García al frente de la Delegación de Salud y Consumo. García presentó posteriormente su dimisión como concejal del distrito Macarena a causa del escándalo de las facturas aunque después fue exculpado.
El alcalde dio orden, a través de fax dirigido al consejo de administración, de la propuesta de cese inmediato de ambos pero el cese de uno de ellos, Mellet, se produjo en el consejo de administración que se celebró finalmente l7 de febrero, donde Mellet alegó oficialmente ante los consejeros que dejaba el cargo por razones personales relacionadas con la enfermedad de dos familiares.
La propia fiscal jefe, María José Segarra, estaba dirigiendo la investigación pero se limitó a la toma de declaraciones de los empresarios, los directivos, el alcalde y poco más, en lo que es criticado por la oposición como una "operación de enfriamiento" del tema.
El "caso Mercasevilla" tomó cuerpo de manera inmediata una vez se ha hizo cargo del mismo el Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla. Tras incorporar las actuaciones de la Fiscalía, su titular, Mercedes Alaya, amplió la investigación, de hecho, a todas las subvenciones recibidas por la fundación del mercado central sevillano. Así se advertía en el auto en el que solicita a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía un listado con todas las subvenciones concedidas por la Delegación provincial del ramo –de la que es delegado Antonio Rivas– en los últimos cuatro años "a fin de verificar el destino de las mismas". Rivas está asimismo imputado en el caso.
Sólo tras saltar el caso a la prensa vía periódico ABC el PSOE se decidió a expulsar a Mellet y a Ponce del POE.
Un total de 12 militantes del PSOE en Cádiz han anunciado que han sido expedientados por la dirección provincial del partido, que consideró que el blog 'Cádiz Socialista' que vienen utilizando para difundir su opinión "en el ejercicio de la libertad de expresión" constituye una falta "grave o muy grave" a los estatutos de la organización.
La portavoz de los expedientados, Blanca Flores, ha criticado que tuvieron conocimiento de que iban a ser expedientados "a través de los medios de comunicación" y, posteriormente, recibieron una carta informativa del PSOE provincial.
En dicha carta, se les comunicaba la decisión de incoarles un expediente disciplinario por ser "autores del blog" que, a juicio de la organización, constituye falta "grave o muy grave" conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 de los estatutos.
Sin embargo, Flores ha afirmado que el hecho de tener un blog "no figura como falta grave ni muy grave en los estatutos ni en las resoluciones federales o regionales del partido", como tampoco figura "la limitación de la libertad de expresión, derecho del que hicieron uso Largo Caballero, Indalecio Prieto o Julián Besteiro, entre otros", apostilló.
"Expresar las ideas es un derecho básico de la ciudadanía" y en los estatutos "no consta que los militantes puedan expresarse solamente en los medios que la dirección facilite", defendió Flores, que aludió a otros socialistas con blog que no han sido expedientados, como Leire Pajín, Bibiana Aído, José Blanco o Mamen Sánchez.
Contra el clientelismo y la falta de debate
Según Flores, los autores del blog "coincidimos con la dirección provincial del PSOE en muchas propuestas, pero estamos en contra de la puesta en práctica de esas ideas", porque están "en contra del clientelismo en los partidos, sean de izquierdas o de derechas, y en contra de la ausencia de debate democrático".
El blog 'Cádiz Socialista' ofrece "ideas políticas renovadoras, críticas y propuestas", que los autores y militantes también expresan en las asambleas del partido, enfatizando que han seguido los estatutos del mismo "al pie de la letra".
A su juicio, este debate "no beneficia en nada al PSOE" y consideró que tendría que resolverse "a nivel interno". Sin embargo, "no hemos visto ningún gesto de buena voluntad del partido para fomentar el diálogo y resolver este asunto".
Se trata, dijo, de "un atentado en toda regla a la libertad de expresión" y, por ello, advirtió que los expedientados "vamos a defender con uñas y dientes nuestra permanencia en el PSOE, articulando todos los medios que permite la normativa interna del partido, el ordenamiento jurídico español y la Constitución".
Y deberían, cada uno por distintas razones. Sin embargo, ni el abogado del Estado ni los abogados de la Junta toman carta en el asunto. Contrasta notablemente la diligencia del Gobierno y de la policía en casos como el denominado caso "Gürtel", y sorprende la pasividad en el caso Mercasevilla.
La proporción de personas sin estudios entre los andaluces, un 16,6 por ciento, es el doble de la correspondiente proporción entre los extranjeros. Además, los andaluces tienen más personas entre las que sólo tienen estudios primarios. Tres de cada cuatro extranjeros inmigrantes en Andalucía tienen una educación similar a la secundaria completa mientras que entre los andaluces sólo la tienen dos de cada tres.
Estos datos, dice el informe, contradicen poderosamente el tópico que asocia un menor nivel de desarrollo socio-económico del país de origen a un menor nivel educativo de las personas procedentes de esos países. Si bien las diferencias entre los niveles educativos de distintos conjuntos geopolíticos de procedencia son muy notables y, además, parecen guardar cierta relación con el nivel de desarrollo económico de dichos países, es reseñable el hecho de que sólo uno de los cinco conjuntos geopolíticos aquí distinguidos se quede en valores inferiores a los de la población española de Andalucía.
María García Mendaro, novia del hermano del asesino confeso Miguel Carcaño, está imputada por los delitos de encubrimiento y de profanación del cadáver de Marta del Castillo. Pero es la única imputada que no ha pisado la cárcel a pesar de tener sobre sí idénticas imputaciones que otros acusados.
El pasado 15 de abril, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina Crespo, dejó en libertad provisional y sin fianza a María García Mendaro, novia del hermano del principal imputado por el asesinato de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, tras haber ordenado su detención por su presunta participación en la desaparición de la menor, aunque en un grado aún no concretado.
La imputación de la joven deriva de su propias manifestaciones realizadas con anterioridad ante el propio juez, en las que aseguró que estuvo en la vivienda de la calle León XIII la noche en la que se produjo el crimen y no vio nada extraño, lo que entra en contradicción con las declaraciones de otros testigos.
García Mendaro, familiar de una alto cargo del PSOE de Sevilla, está imputada por los delitos de encubrimiento y de profanación del cadáver. Sin embargo, es la única imputada que no ha pisado la cárcel a pesar de tener sobre sí idénticas imputaciones que otros acusados.
La joven de 32 años, María García Mendaro, ratificó completo su anterior testimonio, en el que, según Diario de Sevilla, había ofrecido una coartada a su compañero sentimental, Javier Delgado Moreno, que seguía en prisión imputado por haber limpiado supuestamente los restos del crimen en el piso de la calle León XIII.
María García reiteró que la noche del 24 de enero, cuando se produjo la desaparición de la adolescente Marta del Castillo, su novio la dejó en el domicilio de León XIII, donde estuvo estudiando aproximadamente desde las 00:30 hasta las dos de la madrugada -ya del domingo, día 25 de enero-, cuando se acostó, y se despertó en torno a las cinco cuando se personaron en la vivienda varios familiares de Marta del Castillo, aunque según la joven éstos no llegaron a verla. La nueva implicada en el caso sitúa el regreso de Javier Delgado al piso de León XIII en torno a las cuatro de la madrugada, tras acabar su jornada laboral en el pub que regenta en el barrio de Nervión.
Curiosamente, la Fiscalía no pidió que se celebrase la comparecencia que prevé la ley en caso de que se vaya a solicitar una medida cautelar, como por ejemplo la prisión provisional. Por ello, el juez decretó su puesta en libertad, cosa que no había ocurrido en el caso de otros detenidos. Sin embargo, la detención de la novia del hermano de Miguel Carcaño y las nuevas declaraciones fueron ordenadas por el juez y comunicadas a los abogados con sólo una hora de antelación con el fin de evitar filtraciones que pudieran perjudicar a la práctica de estas nuevas diligencias.
La familia de Marta solicitó en mayo que la quinta implicada en la desaparición y asesinato de su hija, María García Mendaro, fuese encarcelada, al igual que ocurrió con los otros jóvenes implicados en el caso. Sin embargo, ya entonces produjo desconcierto el hecho de que la última imputada, la novia de Javier Delgado, continuase en libertad provisional, tras haber sido detenida e imputada por los mismos delitos que los otros sospechosos.
María García Mendaro es hija de Ángela Mendaro, una alto cargo provincial del PSOE de Sevilla y cada vez más personas se preguntan si este hecho, y algunos otros, están en la trastienda de la explicación del por qué esta imputada no ha entrado en prisión.
Ángela Mendaro Torres
En el contexto de este oscuro asunto del asesinato de Marta del Castillo, nadie se explica por qué la imputada María García Mendaro no ha pisado la cárcel como los demás imputados por delitos similares. No hay respuesta aunque han surgido voces que sospechan que puede haber influencias que han logrado que esta imputada no haya sido encarcelada.
La madre de Marta García Mendaro es Ángela Mendaro, directora gerente de la casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla y antigua militante socialista con prestigio en la provincia de Sevilla. Fue concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Lebrija. Pero su cargo más influyente, por las personas de que se ha rodeado, lo tiene en el Foro Clara Campoamor. En este Foro están presentes las siguientes mujeres socialistas.
La mayoría de ellas ha tenido y tiene gran influencia en el PSOE regional. Amparo Rubiales, íntima amiga de Manuel Chaves y política socialista de largo recorrido tiene empresa jurídica junto con Javier Pérez Royo. Carmen Hermosín, esposa de Luis Yáñez, ha sido consejera de la Junta de Andalucía entre otros muchos cargos. Isabel Pozuelo, una de las pocas militantes socialistas que pueden decir que estuvo en la famosa foto de la tortilla es diputada nacional del PSOE y ha tenido gran influencia en la Diputación de Sevilla.
Publicado: 22 Nov 2009 3:38 pmTítulo del mensaje: corrupcion chaves andalucia psoe mentiras matsa paula chaves
Chaves mintió al Congreso sobre el papel de su hija en Matsa
El apoderado que la formalizó afirma que «se trabajó con ella» en la solicitud de ayuda a la Junta de Andalucía
Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Cooperación Territorial, mintió al Congreso de los Diputados cuando afirmó el pasado mes de junio que su hija no había tenido participación alguna, «ni como apoderada ni como nada», en la polémica ayuda a favor de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa). En la aprobación de esa subvención participó el mismo Chaves cuando aún era presidente de la Junta de Andalucía, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos le obligaba a inhibirse.
Francisco Javier López Rubio, el apoderado que formalizó ante la Junta y en nombre de Matsa la petición del incentivo, ha reconocido a EL MUNDO que trabajó con Paula Chaves Iborra a lo largo de toda la tramitación del expediente, en contra de lo afirmado por su padre.
La versión de Chaves, ahora desmentida, fue asumida tanto por el Ejecutivo autonómico como por la Fiscalía, aunque el Tribunal Supremo aún tiene que pronunciarse sobre la querella presentada por el PP por prevaricación administrativa y tráfico de influencias por los casi 10,1 millones de euros concedidos a la firma apoderada por su hija.
«Paula Chaves era la directora de la asesoría jurídica y, evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa», declaró López Rubio a este diario en una conversación en la que también reconoció que su relación profesional con la hija de
Chaves fue «frecuente y fluida» a lo largo de los meses.
«Yo tenía una serie de responsables a los que reportar y de los que, a la vez, sacaba la información. Uno de ellos era Paula Chaves, pero también estaban el director general de Matsa, el director financiero, el de operaciones, el de planta, el de recursos humanos... Son gente con la que te relacionas en la empresa a un cierto nivel, para sacar la información que necesitas para realizar la tramitación del expediente y la confección de la memoria», explicó a EL MUNDO el ex apoderado.
En concreto, y recurriendo al argot técnico profesional, López Rubio precisó que él «ponía en copia de los expedientes» a la hija del vicepresidente del Gobierno para su supervisión y validación, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que quien en verdad estaba contratado por Aguas Teñidas no era él, sino el despacho de abogados Solventa Consultores, bufete para el que sigue trabajando en la actualidad.
Sobre el papel concreto que jugó Paula Chaves Iborra en la tramitación de la ayuda, López Rubio detalla que, «dentro de su parcela de asesoría jurídica, fue más activo en la fase de presentación final del expediente. En la confección y tramitación fue menos activa, porque en esa fase no tiene nada que aportar. Cuando se está haciendo un tema de planta de minas, la gente que te apoya son los ingenieros».
«Lo lógico y lo normal es que, en un proyecto de esa índole, que es un gran proyecto para la Sierra de Huelva coincidiendo con un momento dulce del mercado del cobre, con una inversión que supera los 200 millones de euros, uno esté relacionado al nivel de lo que denominan los norteamericanos decision maker: la gente que tiene los parámetros para realizar el proyecto», subraya López Rubio.
En ese nivel de responsabilidad directiva se encontraba la hija de Chaves dentro de Matsa. Sin embargo, tanto desde la Junta de Andalucía como desde las filas del PSOE se insiste en definir a Paula Chaves Iborra como una simple trabajadora -el secretario de Comunicación de los socialistas andaluces y diputado autonómico, Miguel Ángel Vázquez, llegó a afirmar que «está en los aledaños del mileurismo»- que no tuvo relación alguna con la tramitación del incentivo.
De hecho, en una entrevista publicada a finales de agosto, el vicepresidente tercero del Gobierno subrayaba en esa misma línea: «Mi hija no tuvo nada que ver en el expediente de las ayudas a una empresa que ha invertido más de 200 millones y ha creado más de 500 empleos».
En realidad, la participación de Paula Chaves fue decisiva en la gestión de la subvención. En este sentido, hay que recordar que fue ella quien firmó -en calidad de apoderada de la empresa- la aceptación de los casi 10,l millones de euros aprobados por la Agencia IDEA para el proyecto con la ratificación del Consejo de Gobierno presidido por su padre, quien el pasado 20 de enero votó la aprobación de la ayuda pese a prohibírselo la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.
En su artículo 7.1, la Ley señala que «los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil». Ahora que se sabe que la hija de Chaves codirigió la tramitación del expediente, parece más evidente que su padre nunca debió participar en la aprobación de la ayuda.
La mentira de Chaves al Congreso
>El pasado 10 de junio, en respuesta al diputado del PP Juan Manuel Moreno Bonilla, el vicepresidente tercero sostuvo en la Cámara Baja que su hija Paula no tuvo relación con la ayuda a Matsa que él mismo aprobó.
>«En todo caso, señor Bonilla, es rotundamente falso que mi hija haya tenido participación en el procedimiento de solicitud y aprobación de ese incentivo, ni como apoderada ni como nada», afirmó Chaves textualmente en el Congreso.
Justicia y Fiscalía, en entredicho
M. Mª B. / Sevilla
La Junta de Andalucía descartó a finales de julio abrir un expediente sancionador a Manuel Chaves argumentando que su hija sólo intervino en la tramitación del incentivo en un «momento posterior» a la aprobación por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, algo que queda desmentido con el testimonio del ex apoderado de Matsa Francisco Javier López Rubio.
Según la Inspección General de Servicios de la Junta, no cabía sanción alguna contra Chaves porque faltaba la «forma de acreditación de la existencia» de un conflicto de intereses anterior a que «el asunto» llegara al «campo de actuación del alto cargo». Si la intervención del familiar era a posteriori -siempre según el inspector autonómico-, «ya no prejuzga la decisión» y «resulta irrelevante para la obligación de inhibición».
Igualmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la denuncia por prevaricación administrativa y tráfico de influencias presentada por el PP contra Chaves argumentando que la posición que ocupa la hija en Matsa «es la de empleada por cuenta y bajo la dependencia de la misma» y que tuvo una «mínima intervención» en la tramitación del expediente en su calidad de apoderada.
La versión manipulada del PSOE
Madrid
El PSOE andaluz remitió el pasado mes de julio más de 61.000 cartas para que todos sus militantes tuvieran la versión oficial del partido sobre el escándalo por el incentivo aprobado por Chaves a favor de la empresa apoderada por su propia hija, que la dirección socialista no duda en calificar de «cacería» contra el vicepresidente tercero del Gobierno.
En la misiva -rubricada por la presidenta del PSOE de Andalucía, Petronila Guerrero- no es ya que se niegue la participación de Paula Chaves en el expediente hasta el momento final de la firma de la aceptación de la ayuda, sino que se llega a decir que no empezó a trabajar hasta que estuvo «resuelto» el expediente.
La propia compañía minera precisó el pasado mes de mayo, a través de un comunicado remitido a EL MUNDO, que «doña Paula Chaves Iborra es empleada de Matsa desde el 2 de julio de 2007». Es decir, desde prácticamente dos años antes de la fecha en la que el PSOE andaluz ha asegurado a sus afiliados que se produjo su incorporación. Hay que recordar que Matsa nunca ha negado que la hija de Chaves hubiera tramitado la ayuda que ratificó su padre. Al contrario: la vinculó con la «gestión y tramitación» de los expedientes de incentivos sin excepción
De ser ciertas las informaciones que corroboran que Paula Chaves participó en la comisión de 10 millones a Matsa, Manuel Chaves debería dimitir por haber mentido en el Parlamento. Hasta el momento, estas acusaciones no han sido desmentidas ni por el ex presidente de la Junta ni por su hija.
José Antonio Viera fue citado a declarar como imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, por la utilización gratuita como sede del PSOE en Burguillos de un local propiedad del Estado, concretamente de la sociedad Correos y Telégrafos, como ya publicó LD en octubre.
El miércoles era el secretario de PSOE de Sevilla quien resultaba imputado, y ahora le toca el turno a a la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez. Ha resultado imputada por presunta estafa y apropiación indebida a raíz de la denuncia interpuesta Imesapi, antigua concesionaria del servicio de calas.
La Fiscalía de Sevilla en la que el PSOE tenía puestas todas sus esperanzas ha echado un jarro de agua fría sobre los imputados en el caso Mercasevilla. Además, esto se produce cuando se intensificaba el “señalamiento” de la juez.
Los datos comparativos hechos públicos por Eurostat muestran la realidad de las comunidades autónomas del sur de España gobernadas por el PSOE. Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha están situadas a la cola de Europa.
El pasado 15 de diciembre, Eurostat difundió las estimaciones de PIB por habitante medido en paridades de poder adquisitivo (PPA), para los 27 Estados de la Unión Europea. Según dicha información, el PIB por habitante de España, en PPA, para el año 2008 se situaba un 3 por ciento por encima de la media comunitaria.
El análisis conjunto de los datos regionales mencionados de PIB por habitante y la información publicada por Eurostat permite hacer dichos agregados comparables a escala europea. Así, se observa que nueve comunidades autónomas presentan un PIB por habitante en PPA igual o superior a la media de la Unión Europea. Y que, por el contrario, Extremadura continua siendo la única comunidad autónoma con un índice por debajo del 75 por ciento. Muy poco por delante de ella, Andalucía y Castilla – La Mancha presentan índices inferiores a la media europea en un 21 por ciento y un 22 por ciento, respectivamente. Es decir, a la cola de Europa en riqueza y oportunidades.
